Institucionales

La UNJu adhirió a rechazo de reducción de condenas

El Consejo Superior de la casa de estudios expuso su postura sobre el 2x1.

12 de mayo 2017

Sesión del Consejo Superior de la UNJu.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) adhirió a la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso del represor Luis Muiño, que abrió el debate sobre la ley del “2x1” en nuestro país. Lo hizo en su última sesión ordinaria mediante la Resolución CS 0117-17.

 

Tomando las consideraciones del CIN, y aprobando sobre tablas por unanimidad esta postura, los  miembros del Consejo dejaron en claro su preocupación y rechazo a los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en un caso, habilita la prisión domiciliaria para genocidas y, en otro caso, considera aplicable el “2 por 1” a los condenados por delitos de lesa humanidad, contrariando la jurisprudencia de la propia Corte, amparada en el derecho internacional de los Derechos Humanos.

 

Al igual que los miembros del CIN, el Consejo Superior considera que los fallos sobre delitos de lesa humanidad deben regirse por los estándares específicos del derecho internacional, constituyen delitos imprescriptibles, inadmistiables y no aplicables a un indulto, y rigen para estos delitos las convenciones internacionales que el país ha suscripto.

 

También subrayaron que en el caso de Luis Muiño se ignora el carácter de lesa humanidad del delito y no se cumple con el principio internacional de pena adecuada. El Consejo sostiene que la aplicación de una ley penal más benigna en causas de lesa humanidad implica una conmutación de la pena, solo admisible si hay un cambio en la valoración social de la sentencia.

 

Asimismo, el cuerpo acuerda con el CIN en la necesidad de promover que fiscales y jueces rechacen los recursos que presenten imputados y condenados de delitos de lesa humanidad, para beneficiarse de la derogada ley del 2×1, dado que el fallo en cuestión no es vinculante, y que no hay ninguna norma que obligue a fiscales y jueces de tribunales inferiores a fallar en el mismo sentido.-

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