Gestiones del CIN ante el Consejo de la Magistratura

El Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y Rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Lic. Rodolfo Tecchi, se reunió con el representante del sector académico y científico en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Jorge Candis. En la oportunidad, el titular del Consejo trasmitió al representante académico lo dispuesto por el Cuerpo y difundido en recientes declaraciones del CIN en relación al requerimiento de información de administración de Facultades.

El diálogo en la reunión estuvo centrado en la Declaración del Consejo ante la orden de presentación de expedientes y documentos que tuviesen relación con los recursos recibidos de parte del Estado nacional, emitida por el Juzgado Federal de La Rioja para la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC). También participó del encuentro el Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Dr. Diego Molea.

Luego del mismo el Lic. Tecchi explicó que se reunieron con el representante del sector académico en el Consejo de la Magistratura "para plantearle nuestra preocupación por las decisiones de algunos jueces federales respecto a la denuncia del fiscal Marijuán, que plantea medidas imposibles de realizar, tales como requerir información de muchos años atrás de administración de las universidades. Seguramente, él pedirá los informes correspondientes para saber de qué manera actuar desde su función”, explicó el titular del CIN.

Declaración del CIN

El 9 de mayo de este año, a través de una declaración, el Consejo que reúne a las Universidades Nacioanles había expresado su "más enérgico rechazo a la orden de presentación de expedientes y documentos que tengan relación con el dinero recibido por parte del Estado nacional, emitida por el Juzgado Federal de La Rioja para la UNdeC. En la presentación, el CIN había expresado que "el requerimiento no menciona ni especifica períodos, números de expedientes, áreas, fuentes de emisión o recepción, fechas o algún dato que permita identificar por la universidad el delito que se pretende investigar y del que, por cierto, tampoco se notificó o dio a conocer a esta institución en garantía de sus derechos".

“Esta orden judicial no es más que una expresión sin sentido jurídico, violatoria de lo prescrito por la Constitución Nacional que determina que las instituciones universitarias tienen autonomía académica e institucional, la que comprende, entre otras atribuciones, la de administrar sus bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes que regulan la materia. Entendemos esta actitud como un atentado directo contra la educación superior pública, que bajo ningún aspecto se debe dejar pasar”, afirmó el Consejo Interuniversitario.

Por ello, el Cuerpo repudió la medida iniciada en contra de esta institución universitaria nacional, “como así también en contra de aquellas universidades públicas que se vean sometidas a tales acciones violatorias de la Constitución Nacional. Destacamos que las transferencias que reciben o pudieran recibir las instituciones universitarias públicas nacionales son fondos presupuestarios destinados a su funcionamiento, es decir, a la satisfacción de los intereses públicos que el ordenamiento jurídico les encomendó satisfacer”.

Asimismo, el CIN había expresado su acompañamiento al pedido de la UNdeC “de una audiencia para expresarle su preocupación ante los hechos descritos a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Procuración General de la Nación y al representante del CIN ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.-